Cuál es la situación legal de los drones en España en marzo de 2019

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Han pasado 15 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto que iba a abrir las puertas al uso de drones en España.

En este artículo nos centraremos en el uso profesional de drones en España, ya que recordamos que la normativa para vuelos recreativos, aunque tiene bastantes elementos en común, difiere entre ambos casos.

La promesa: vuelos legales y seguros.

En diciembre de 2017 entró en vigor el Real Decreto que prometía regularizar y facilitar las operaciones con drones que hasta entonces estaban simplemente prohibidas. Estamos hablando principalmente de vuelos en espacio aéreo controlado, vuelos sobre aglomeraciones de edificios y/o personas y vuelos nocturnos. Vamos a centrarnos especialmente en los dos primeros, ya que son los más demandados. Según este Real Decreto, estas operaciones iban a ser posibles tras realizar un estudio de seguridad aprobado por la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), con dos requisitos muy genéricos para ambas situaciones:

1. En el caso de volar sobre aglomeraciones de edificios o personas, se necesitaría equipar el dron con un dispositivo de limitación de energía del impacto (paracaídas, airbag, redes…).

2. En el caso de volar en espacio aéreo controlado, sería necesario que los pilotos de la aeronave mantuvieran contacto con las autoridades de gestión de tráfico aéreo (torres de control) en todo momento por radio, tras acreditar tener conocimientos de radiofonía.

La cruda realidad: tras más de un año desde que se implantara el Real Decreto, la situación apenas ha cambiado.

En muchos casos la realidad supera a la ficción. Esta realidad en concreto está tan enmarañada que es difícil saber por dónde empezar a explicarla. Podemos comenzar por explicar que según el Real Decreto, la AESA tiene hasta tres meses para evaluar cada estudio de seguridad para cada uno de estos escenarios. En la realidad, las demoras en sus respuestas llegan casi hasta el año, con lo que ello conlleva: en muy pocos casos alguien va a saber con tanta antelación que va a requerir de los servicios de un dron.

Esto no es todo, y es que a pesar de la opacidad en la información ofrecida respecto a autorizaciones dadas para estas operaciones especiales, conocemos dos casos en los que estos permisos se han hecho efectivos: el primero, a finales de 2018, para la grabación de una película de DC en Canarias. El segundo, un permiso conseguido por una operadora española para volar en espacio aéreo controlado, que ha tenido que desarrollar específicamente dos drones para adecuarlos a estos escenarios. No queremos pillarnos los dedos asegurando que éstos han sido los únicos permisos concedidos, pero desde luego si ha habido más, estos se pueden contar con los dedos de una mano. Y es que apenas un puñado de autorizaciones para un total de más de 3600 operadores de drones en España es una broma de muy mal gusto. Para todos los demás, las oportunidades de crecimiento son las mismas que con la vieja Ley de 2014.

Huelga decir, por supuesto, que la inmensa mayoría de oportunidades de crecimiento para el sector de los drones se concentran donde se encuentra la población: en entornos urbanos con aeropuertos cercanos, así que vemos que la situación impide a los pilotos y operadores volar justo donde se concentra el mayor volumen de negocio. No es un tema irrelevante, ya que de estos 3600 operadores la inmensa mayoría son autónomos o PYMES, que vieron en esta tecnología la oportunidad de emprender e innovar y que se están dando de bruces con un sistema que amedrenta a los pilotos con amenazas de duras sanciones económicas para garantizar la seguridad aérea de una forma muy ineficiente y muy poco efectiva:

Ineficiente porque opta por la prohibición categórica de facto de muchísimos vuelos que entrañarían un riesgo mínimo, en lugar de destinar tiempo y recursos en poner los medios para que estos vuelos se pudieran realizar con seguridad.

Inefectiva porque aún así, a la AESA no abarca a denunciar todos los vuelos ilegales, sin control y algunos de ellos verdaderamente peligrosos que se siguen realizando todos los días en nuestro país.

Consecuencias de la falta de aplicación efectiva de la nueva normativa:

Uno de los efectos más notables de esta situación prolongada en el tiempo es que muchos pilotos, tanto aficionados como profesionales, están dejando o se plantean dejar de volar. Como vimos hace unos meses en una reclamación hecha por pilotos de drones a través de Change.org con la que no escatimamos en críticas, son muchos los pilotos que se sienten inseguros, observados y perseguidos cuando vuelan un dron, aunque se haga de forma legal. Si fuéramos sensacionalistas diríamos que volar drones es el más claro acto de rebeldía contra las instituciones. Pero no lo somos.

Algunas cosas, no obstante, sí han cambiado, y es que parece que los clientes y la sociedad en general están más concienciados de que no se puede volar en cualquier parte. Hace tan sólo un año cuando declinábamos alguna oferta de trabajo para volar en una zona de este tipo, lo hacíamos con la absoluta certeza de que el potencial cliente iba a seguir contactando con empresas y empresas hasta dar con alguien que decidiera jugársela y volar de forma ilegal. A día de hoy esto es menos evidente y son los clientes los que a menudo piden pruebas de que vas a volar de forma legal.

Gracias al miedo de los pilotos y del respeto creciente de la sociedad, uno podría pensar que al menos los cielos ahora son más seguros. Ni siquiera esto es del todo cierto, porque aún con esta situación las televisiones y Netflix siguen utilizando planos de dron claramente ilegales. Con cierta periodicidad podemos ver en Internet vídeos con dron de Madrid o Barcelona subidos por turistas extranjeros con total impunidad, ya que si a nuestras administraciones ya les resulta pesado perseguir a los españoles que incumplen la ley, tramitar este tipo de denuncias a nivel internacional debe de ser equivalente a escalarse cuatro ochomiles en una semana.

¿El resultado para los pilotos profesionales? La mayoría de nosotros estamos en una situación bastante estancada, ya que rechazamos muchísimos trabajos por miedo a multas de hasta 300.000 euros, por sentido de seguridad o por respeto a las leyes, mientras somos conscientes de que otros muchos infractores de momento se están saliendo con la suya.

Los motivos de esta situación de ineficiencia normativa:

A estas alturas podemos tener claro que la situación en general no es buena, pero nos queda realmente entender por qué se produce, y es que hay diversos motivos tan relacionados entre ellos que es difícil saber cuáles son los precursores del resto.

El fallo más evidente es que los requisitos para poder volar en estos escenarios son hartamente complicados, pero no sólo eso, sino que no están bien definidos. Ni los requisitos, ni cómo realizar correctamente estos estudios de seguridad. Quienes se aventuran a pedir estos permisos a menudo tienen que recurrir al costoso sistema de prueba y error al hacer estas solicitudes. Sería algo incluso tolerable si, como hemos explicado, la administración no tardara meses en responderlas.

Podemos aludir también a la falta de interés por parte de las autoridades en facilitar el uso de drones a los autónomos y PYMES, ya que de facto parece que la ley está pensada para poder permitir casi a dedo determinadas actividades, especialmente por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero dejando en el dique seco a miles de trabajadores que podrían ser un potente motor de nuestra economía.

La verdadera excusa para esta situación en verdad podría ser que desde la propia AESA están sobrepasados con la cantidad de permisos e información que tramitar, ya que parece que son un pequeño puñado de funcionarios quienes tramitan una a una los estudios de seguridad de estos 3600 operadores. No obstante, la asignación deficiente de recursos en un área no es un tema baladí ya que se presta a la inseguridad jurídica, a la discrecionalidad administrativa y al mercadeo opaco de favores, y en consecuencia también contribuye a la inseguridad del propio espacio aéreo ya que la aplicación de una ley se aplica con unas elasticidades peligrosas.

Soluciones para una mejor regulación del espacio aéreo:

Ya hemos hablado con anterioridad de posibles soluciones a esta situación, y es que existen iniciativas para que los drones puedan compartir sin problemas de seguridad el espacio aéreo con el resto de tráfico aéreo. El principal problema es que no se ha propuesto de forma seria ninguna solución para el corto plazo. De poco les vale a los 3600 pequeños empresarios que dependen de su actividad con drones la promesa de un mundo utópico en 2035 donde drones y aviones puedan operar simultáneamente y con seguridad.

Si te interesa el tema, tenemos un par de entradas hablando de estas propuestas que pueden darnos pistas de por dónde podría dirigirse esta nueva industria si hubiera verdadera voluntad. La primera explica una tecnología muy prometedora: U-Space: el futuro de los drones, y la segunda se centra en la situación de EE.UU. a la que deberíamos considerar como un referente muy importante, sobretodo para el futuro más inmediato: Cómo se gestionan de forma sencilla los vuelos peligrosos en EE.UU.

Quiénes son los menos perjudicados por la caótica situación de la legislación de los drones:

Finalmente, cabe aclarar que este conflicto no perjudica a todos por igual. Los mayores damnificados son obviamente los autónomos y emprendedores, que se encuentran con el muro que supone la actual ley para desarrollar su actividad profesional. No obstante, las escuelas de formación están tardando más en notar estos efectos, ya que por ejemplo fueron las primeras en sacar partido del Real Decreto al ofrecer cursos de radiofonista que finalmente no han sido amortizados por los estudiantes, con los que esperaban poder por fin volar en espacio aéreo controlado.

Algunos fabricantes pequeños también están sabiendo ver oportunidades, y es que los modelos de drones comerciales no traen de serie sistemas de limitación de la energía del impacto (paracaídas o airbags), así que desde diciembre de 2017 hemos podido ver un aumento de las ventas de algunos de estos accesorios para nuestros drones.

¿Un futuro negro para los drones?

Saber qué nos depara el futuro es muy, muy complicado, ya que depende enteramente de nuestros dirigentes. Entendemos que la seguridad es lo primero, pero los drones son una tecnología rompedora que, si se apoyara desde las instituciones, podría revolucionar nuestro mundo. Se está intentando legislar esta industria bajo el marco de la aviación convencional, adaptando este marco lo menos posible.

Es por esto que a día de hoy los drones tienen restricciones excesivas. Tengamos en cuenta que según estas regulaciones jurásicas, en cuanto levantamos el dron del suelo, ya estamos en espacio aéreo. Da igual que tu dron de 100 gramos vuele a veinte centímetros, a un metro o a ochenta metros del suelo, todo ese espacio es espacio aéreo y está gestionado por la AESA. Puedes estar volando el dron a la altura de tu ombligo, a ras de suelo, entre matojos o entre madroños, que si estás en una zona CTR (sólo el CTR de Madrid ocupa el 21% de la superficie de la Comunidad de Madrid), estarás cometiendo poco menos que un crimen por estar ocupando un espacio reservado al tráfico de aviones. El supuesto es tan absurdo para el sentido común como realista gracias a nuestras leyes.

Los drones son aeronaves, puesto que pueden navegar en el aire, pero las normas aeronáuticas fueron diseñadas en un momento en el que no se podía concebir que por mil euros o menos cualquiera pudiera acceder a un aparato de menos de dos kilos capaz de volar a cientos de metros de distancia. No son las aeronaves que conocíamos.

No abogo por romper completamente con el modelo actual, pero lo cierto es que no es descabellado concebir un mundo en el que el espacio aéreo se redefina en función de las nuevas necesidades introducidas por los avances tecnológicos en materia de drones, de forma que esta redefinición sea completamente segura y beneficiosa para todos.

Por supuesto, esto requiere de voluntad, compromiso, tiempo y dinero, y es mucho más fácil condenar a esta nueva tecnología con regulaciones de la edad de piedra y maquillarlas en forma de Real Decreto que trabajar en un marco regulatorio adaptado a las nuevas necesidades que han surgido en esta era de oportunidades.